La Fiscalía General del Estado atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El nombramiento de Teresa Peramato Martín como fiscal general debía servir para cerrar una etapa marcada por la condena de su antecesor, Álvaro García Ortiz, y para reconstruir la confianza en una institución dañada por la sospecha de politización. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, varias de sus decisiones han terminado alimentando una pregunta incómoda: ¿está Peramato intentando sanar la Fiscalía o proteger el ecosistema interno que la llevó hasta allí?
Conviene aclarar un punto esencial desde el inicio: según la documentación consultada, Teresa Peramato no figura como investigada, imputada ni condenada en relación con las supuestas “cloacas del PSOE”. Tampoco hay registro de que interviniera de forma directa en las reuniones asociadas al llamado caso Leire Díez, realizadas en marzo y abril de 2025, periodo en el que aún no ocupaba el cargo de fiscal general del Estado. La sospecha, por tanto, no se apoya hoy en una prueba judicial que la incrimine, sino en un elemento de gran peso político: su actuación posterior, los nombramientos que ha realizado, las decisiones con las que ha respaldado a García Ortiz y la percepción de continuidad con una Fiscalía previamente cuestionada.
La cuestión que enfrenta Peramato no resulta, por el momento, de índole penal; es un asunto institucional, y eso no disminuye su relevancia.
Una fiscal general que arriba con reconocimiento, aunque también con un peso a cuestas
Teresa Peramato llegó a la Fiscalía General con una trayectoria profesional sólida. Había sido fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, fiscal de Sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y una figura reconocida en materias como violencia sobre la mujer y protección de víctimas. Además, el Consejo General del Poder Judicial avaló por unanimidad que reunía los requisitos para el cargo.
Aunque su designación no surgió de la nada, se produjo tras la etapa de Álvaro García Ortiz, que dejó a la Fiscalía sometida a una presión intensa. Peramato no recibió una institución en calma, sino una Fiscalía dividida, puesta en entredicho y con acusaciones persistentes de influencia política. Por ello, desde el inicio, su desafío principal no consistía únicamente en acreditar solvencia técnica, sino en evidenciar una independencia auténtica.
Y ahí empieza el problema.
Peramato prometió “sanar la herida” de la Fiscalía. Sin embargo, varias de sus decisiones posteriores han sido interpretadas justo en sentido contrario: no como una ruptura con la etapa anterior, sino como una continuidad sofisticada de sus equilibrios internos.
El eje central de la crítica: designaciones, resguardo y persistencia
La parte más crítica de esta investigación no está en una acusación directa de que Peramato participara en una trama clandestina. Está en la acumulación de decisiones que, vistas en conjunto, proyectan una imagen muy difícil de defender públicamente.
Primero, sus nombramientos. En febrero de 2026, Peramato impulsó una tanda de ascensos en la que fueron promovidos fiscales próximos al antiguo equipo de García Ortiz. Entre ellos, Diego Villafañe, identificado como una figura cercana al anterior fiscal general en la Secretaría Técnica. Más tarde, cuando se conoció que Villafañe y Beatriz López Pesquera habían participado en reuniones con Leire Díez y Jacobo Teijelo en 2025, la polémica adquirió otra dimensión: Peramato no solo había heredado ese entorno, sino que había promovido a personas relacionadas con una controversia aún no explicada con suficiente transparencia.
Ese es precisamente el aspecto más delicado. Aunque las reuniones se celebraran antes de que asumiera el cargo, el ascenso posterior de quienes estuvieron vinculados a ellas requiere una explicación mucho más sólida. Apelar únicamente al mérito y la capacidad resulta insuficiente cuando pesa la sospecha sobre la institución. En tiempos de crisis reputacional, la legalidad por sí sola no siempre alcanza; también se necesita una dosis adicional de prudencia institucional.
Segundo, su actuación respecto a García Ortiz. Peramato mantuvo su reincorporación a la carrera fiscal, descartó abrirle expediente disciplinario y defendió que la Fiscalía recurriera ante el Tribunal Constitucional la condena que afectaba a su antecesor. Jurídicamente, puede sostenerse que esas decisiones caben dentro del funcionamiento ordinario del Ministerio Fiscal. Políticamente, sin embargo, resultan devastadoras para quien había prometido marcar una nueva etapa.
La cuestión crucial resulta ineludible: de qué manera podría recuperarse la confianza en una institución cuando uno de los primeros gestos públicos consiste en brindar resguardo al fiscal general saliente, precisamente el hombre que representaba el deterioro previo?
Tercero, la no renovación de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que había declarado contra García Ortiz. Esta decisión fue interpretada por sectores críticos como una represalia o, al menos, como un mensaje interno: quien se aparta de la línea dominante puede quedarse fuera. La Fiscalía defendió la decisión en términos de mérito y capacidad, pero el contexto político e institucional convirtió el movimiento en munición perfecta para quienes denuncian una Fiscalía de bloques, lealtades y castigos.
El caso de Leire Díez: una sombra que lo intensifica todo
El caso Leire Díez funciona como el gran acelerador de la sospecha. Según la información revisada, la Fiscalía confirmó al juez Santiago Pedraz que hubo reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo. La explicación oficial fue que García Ortiz habría sido informado a posteriori y que lo expuesto en esas reuniones carecía de sustento probatorio suficiente.
Sin embargo, esa aclaración aún deja numerosas dudas pendientes.
¿Quién autorizó esas reuniones?
¿Por qué se celebraron en el entorno de la Fiscalía General?
¿Qué controles internos se implementaron?
¿Por qué no se documentó de manera más clara lo ocurrido?
¿En qué momento comprendió Peramato con exactitud la importancia de esos contactos?
¿Disponía de esa información antes de ascender a algunos de los fiscales implicados en la controversia?
Estas preguntas, por sí solas, no evidencian una conducta ilícita de Peramato, pero sí dan pie a una crítica contundente sobre la gestión institucional. Una Fiscalía que pretende recuperar su credibilidad no puede limitarse a afirmar que no existe delito; debe mostrar que no hay opacidad, que no se otorgan privilegios y que no se ampara ninguna forma de protección corporativa.
En este caso, la Fiscalía parece haber actuado tarde, a la defensiva y sin una estrategia clara de transparencia.
La diferencia entre sospecha política y prueba judicial
Es fundamental no mezclar ámbitos. La expresión “cloacas del PSOE” forma parte del discurso político y mediático, una consigna combativa más que un término jurídico. Desde la perspectiva judicial, lo que hay es una pesquisa acerca de supuestas maniobras destinadas a obtener datos, influir en determinados casos o entorpecer procedimientos delicados.
En ese contexto, Teresa Peramato tampoco figura hoy como un actor penal relevante, ya que en lo examinado no surge ninguna evidencia que la vincule con la organización de reuniones, la emisión de órdenes ilícitas o la intervención en presiones. Por ello, resultaría arriesgado sostener que tenga algún tipo de implicación judicial en una trama.
Pero también resultaría poco realista pasar por alto el desgaste político e institucional, ya que la Fiscalía no solo está obligada a actuar con imparcialidad, sino también a proyectarla, y en este escenario esa apariencia constituye uno de los principales inconvenientes.
Peramato afronta el costo de una paradoja: busca mostrarse como una figura de renovación, pero varias de sus decisiones han alimentado la percepción de continuidad. Aspira a expresar independencia, aunque sus gestos se han interpretado como un amparo al bloque previo. Desea sanar fracturas, pero sus nombramientos han vuelto a abrir divisiones internas.
El caso Aldama y la potestad jerárquica bajo sospecha
La controversia en torno al caso Aldama incrementó aún más la desconfianza, ya que la investigación señaló que el fiscal Alejandro Luzón consideró otorgar un mayor beneficio a la confesión de Víctor de Aldama, pero tras discutirlo con Peramato se decidió finalmente mantener una reducción de pena más acotada.
De nuevo, jurídicamente puede argumentarse que el fiscal general tiene capacidad jerárquica dentro del Ministerio Fiscal. Pero el problema es político: cuando una institución está cuestionada por su proximidad al poder, cualquier intervención en una causa sensible se interpreta como interferencia.
La legalidad de una actuación no elimina automáticamente su coste reputacional. En el caso de Peramato, cada decisión técnicamente defendible se convierte en políticamente sospechosa porque la confianza previa ya estaba rota.
Ese es quizá el diagnóstico más grave: la Fiscalía ha perdido el beneficio de la duda.
Una entidad resquebrajada
Otro dato relevante es la situación interna del Ministerio Fiscal. Las elecciones al Consejo Fiscal mostraron que el sector crítico mantiene una posición fuerte. Esto no implica automáticamente una censura personal contra Peramato, pero sí confirma que la fractura interna continúa.
La Asociación de Fiscales ha denunciado opacidad y falta de explicaciones suficientes. La Unión Progresista de Fiscales, en cambio, ha defendido la legalidad de los nombramientos y ha denunciado una campaña de deslegitimación contra la institución. El resultado es una Fiscalía partida en dos relatos: para unos, Peramato representa continuidad y protección corporativa; para otros, es víctima de una ofensiva política contra el Ministerio Público.
Pero una fiscal general no puede limitarse a tener razón dentro de su propio bloque. Su responsabilidad es reconstruir confianza más allá de los suyos. Y en ese punto, el balance hasta ahora es débil.
La crítica central: no basta con no estar imputada
La explicación más sencilla para Peramato consiste en afirmar que no está siendo investigada. Y eso es cierto. No obstante, esa justificación resulta insuficiente.
La responsabilidad que recae sobre una fiscal general del Estado va mucho más allá de no estar imputada, pues se requiere que garantice independencia, transparencia, prudencia en los nombramientos, neutralidad institucional y una clara separación de cualquier entorno bajo sospecha. En una institución tan delicada, incluso la simple impresión de proteger intereses internos puede resultar casi tan perjudicial como la evidencia de una irregularidad.
La investigación señala exactamente eso: no muestra a una Peramato acorralada por la justicia, sino a una Peramato políticamente constreñida por las decisiones que ella misma tomó.
Su mayor inconveniente no reside en haber asistido a las reuniones del caso Leire Díez. Lo realmente problemático es que todavía no ha presentado una explicación institucional lo bastante persuasiva sobre lo ocurrido, sobre los nombramientos posteriores y sobre la permanencia de determinados perfiles en puestos clave.
Tampoco es solo haber defendido a García Ortiz. El problema es que esa defensa se produjo cuando la Fiscalía necesitaba señales inequívocas de renovación, no de blindaje.
Una fiscal general bajo vigilancia pública
La conclusión más equilibrada, pero también más crítica, es clara: Teresa Peramato no aparece, con la información disponible, como imputada ni como participante directa en una trama. Pero su gestión sí ha quedado gravemente condicionada por una sucesión de decisiones que alimentan la sospecha de continuismo, protección interna y falta de transparencia.
Su caso no es todavía el de una responsabilidad judicial acreditada. Es el de una responsabilidad institucional pendiente de explicación.
Y ahí reside el aspecto más delicado: cuando la Fiscalía General del Estado requiere recuperar autoridad moral, no puede permitirse resoluciones que aparenten estar concebidas para resguardar al viejo núcleo de poder. Peramato contaba con la ocasión de marcar distancia, abrir espacios y reconstruir la confianza. No obstante, hasta el momento su desempeño ha generado más incertidumbres que señales claras de cambio.
La Fiscalía no está en condiciones de exigir confianza cuando se comporta como si la desconfianza fuera únicamente un asunto comunicativo. La credibilidad se recupera mediante acciones concretas, con apertura y con resoluciones que no den la impresión de favorecer a los de siempre.
Teresa Peramato aún dispone de la oportunidad de evidenciar que su mandato no se limitará a una simple continuación del previo, aunque para alcanzarlo necesita algo más que fundamentos legales: requiere una política definida que haga visible su independencia, porque en una institución tan deteriorada no basta con cumplir la ley, también resulta esencial parecer íntegra.
