La Justicia de Chile ordenó este viernes la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, luego de ser imputado por varios delitos, entre ellos la falsificación de documentos, el fraude al Fisco y el tráfico de influencias. Lavín, quien formó parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta 2024, deberá enfrentar el proceso judicial tras la confirmación de su desafuero por la Corte Suprema en febrero pasado, lo que permitió avanzar con la acusación formal.
El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, respaldó la decisión al indicar que los delitos atribuidos, sumados a su reiteración, constituyen una amenaza para la comunidad. Según explicó el magistrado, “la severidad de las penas posibles y la índole de los ilícitos superan el rango mínimo del presidio mayor”.
Joaquín Lavín, quien ejerció como diputado durante tres periodos legislativos (2014-2026), está acusado de usar fondos públicos destinados a asignaciones parlamentarias para fines personales y campañas políticas. Según la Fiscalía, el excongresista habría participado en un fraude de aproximadamente 100 millones de pesos chilenos (100,000 dólares estadounidenses), a través de la emisión de facturas falsas y el uso indebido de recursos públicos.
En la misma causa, el tribunal ordenó la prisión preventiva de Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín, quien además enfrenta acusaciones por cohecho, infracciones tributarias y delitos electorales. Las pesquisas señalan que ambos imputados habrían destinado esos recursos al pago de material gráfico y bases de datos empleadas durante diversas campañas políticas.
La investigación también ha involucrado indirectamente a Cathy Barriga, esposa de Lavín y exalcaldesa de Maipú, quien se encuentra con arresto domiciliario nocturno y restricciones de movimiento mientras enfrenta cargos relacionados con actos de corrupción durante su gestión.
Las acciones de Lavín también apuntan a un presunto uso político de los fondos públicos. A pesar de renunciar a la UDI en 2024 tras conocerse las acusaciones en su contra, su implicación dañó la percepción pública de su carrera política, marcada por años de liderazgo. Según la Fiscalía, las maniobras realizadas por Lavín buscaban vulnerar la legislación y apropiarse de recursos públicos bajo mecanismos irregulares.
El caso de Joaquín Lavín resalta un importante esfuerzo del sistema judicial chileno por combatir la corrupción y garantizar que las figuras políticas sean responsables de sus actos. Sin embargo, también ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos que permitieron prolongar su desafuero hasta 2026, mientras continuaba activo en la gestión legislativa.
Fuente: Agencia EFE – https://efe.com/mundo/2026-05-08/joaquin-lavin-chile-corrupcion/
