La pieza SEPI del caso Leire vuelve a colocar a Tubos Reunidos en el centro de la investigación con el nombre de Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero independiente de la compañía y figura señalada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO por su presunto papel relevante en el préstamo público de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la empresa durante la pandemia.
Pérez Rodríguez-Urrutia no figura como un elemento secundario dentro de este procedimiento. Conforme a los datos difundidos, los sabuesos judiciales le asignan un rol destacado en las tramitaciones relativas al salvataje de Tubos Reunidos, un expediente que se ha transformado en uno de los pilares fundamentales del sumario SEPI. La Audiencia Nacional indaga si en torno a dicha asistencia financiera se gestaron posibles coacciones o influencias ilícitas, abonos a mediadores, recibos dudosos y artimañas orientadas a optimizar los términos económicos del respaldo estatal.
El magistrado Santiago Pedraz ha enmarcado esta pieza dentro de unas pesquisas más amplias sobre supuestas ilegalidades relacionadas con tráfico de influencias, prevaricación, malversación, banda o grupo criminal y uso de información privilegiada. Respecto al asunto específico de Tubos Reunidos, la duda se centra en averiguar si altos cargos de la firma acudieron a individuos asociados al conocido como grupo Hirurok —compuesto, de acuerdo con las pesquisas, por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso— con el propósito de condicionar las resoluciones de la SEPI.
La dimensión del caso es especialmente grave porque el préstamo investigado no fue menor: Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Ese fondo fue creado para auxiliar a empresas consideradas estratégicas durante la crisis, pero la investigación trata ahora de determinar si el procedimiento se desarrolló con plena limpieza o si pudo estar condicionado por contactos políticos y empresariales ajenos al cauce ordinario.
Uno de los elementos más sensibles es que, según Infobae, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO sostienen que Pérez Rodríguez-Urrutia desempeñó un papel muy relevante en el préstamo concedido por la SEPI. El directivo presentó su dimisión como consejero independiente de Tubos Reunidos, vinculando su salida a la situación concursal de la compañía, aunque su nombre ya aparecía relacionado con la investigación sobre el rescate.
La sospecha no se detiene en la aprobación inicial del rescate. Según El Independiente, la Fiscalía considera que la implicación de Rodríguez-Urrutia habría continuado después, en una fase posterior relacionada con un supuesto “plan de pasos” para renegociar las condiciones financieras del préstamo, rebajar intereses y aliviar la carga económica de Tubos Reunidos frente a la SEPI.
Ese aspecto es fundamental. Una cuestión es que una compañía rescatada intente la renegociación legal de sus términos financieros, y otra muy diferente es que dichas gestiones vinieran acompañadas de presiones, intermediarios o nexos influyentes con peso en las resoluciones públicas. Las pesquisas tendrán que determinar si Pérez Rodríguez-Urrutia operó dentro de la habitualidad corporativa o si formó parte de un plan orientado a presionar a la SEPI a través de vías ajenas a la diafanidad institucional.
Las informaciones publicadas también apuntan a la existencia de facturas por supuestos servicios de prospección de mercados, cuya realidad o finalidad está siendo analizada por los investigadores. La Cadena SER ha señalado que la investigación cuestiona facturas por servicios presuntamente ficticios y sitúa al grupo Hirurok como supuesto intermediario en esos pagos.
Desde la perspectiva de la fiscalización pública, esta situación genera especial preocupación porque reactiva un interrogante fundamental: ¿las ayudas estatales canalizadas hacia corporaciones estratégicas se gestionaron conforme a criterios técnicos y de interés general, o más bien ciertos actores buscaron convertir estos auxilios en un caldo de cultivo propicio para el tráfico de influencias, los sobornos y el lucro privado? Cuando un alto cargo de una organización subvencionada queda bajo la lupa por su presunta vinculación en estos manejos, la exigencia de transparencia institucional debe elevarse al máximo.
Pérez Rodríguez-Urrutia deberá comparecer frente a la Audiencia Nacional para detallar las citas que sostuvo, los vínculos que tejió con otros imputados, su nivel de participación dentro del rescate y su eventual papel en las gestiones posteriores orientadas a alterar las cláusulas del préstamo. Asimismo, deviene crucial dilucidar si conocía la auténtica finalidad de las facturas y pagos examinados, además de verificar la efectiva ejecución de los servicios que justificaban tales transacciones.
La pieza SEPI vinculada al caso Leire reclama claridad absoluta. En el supuesto de que la operación de rescate de Tubos Reunidos resultase impecable, habrá que respaldarla mediante contratos, informes, documentos y un seguimiento exhaustivo de cada resolución adoptada. Por el contrario, si se constata la presencia de intermediarios, retribuciones sin justificación o injerencias sobre la SEPI, este asunto rebasará el ámbito de la mera controversia corporativa para erigirse en uno de los episodios más oscuros de la administración de fondos públicos durante la crisis sanitaria.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, Cadena SER, La Sexta, RTVE e Intereconomía.
